Los Gobiernos de todos los niveles buscan obtener resultados de corto, mediano y largo plazos. Para esto, el primero de los pasos a lograr es la planificación estratégica. Los procesos son variados y cada país e institución tienen sus particularidades para planificar, pero en el corazón de esta concepción de planificación se encuentra la necesidad de usar herramientas, instrumentos y procedimientos que permitan obtener acuerdos y objetivos de interés general y entender qué recursos se necesitarán para llegar a donde se pretende (Máttar & Cuervo, 2017).

No obstante, estos procesos de planeación estratégica en muchas ocasiones son acompañados de una modalidad más abierta y participativa entre Gobierno, sociedad civil y sector privado. Esto es lo que se denomina un enfoque de planificación participativa, el cual busca garantizar la representación de los intereses de todos los actores involucrados mientras posibilita una mejor coordinación de esfuerzos (Sandoval, Sanhueza & Williner, 2015). Para lograr esto se necesitan mecanismos y/o metodologías que posibiliten estos procesos participativos. En concreto, se requieren modelos de gobierno abierto.

El nuevo paradigma de gobierno abierto, que ha estado permeando a lo largo y ancho de muchas administraciones públicas alrededor del mundo, ha posibilitado nuevas formas y mecanismos de rendición de cuentas. Estos procesos se caracterizan por estar basados en los principios de transparencia, integridad, responsabilidad y participación de todas las partes interesadas (OCDE, s. f.). No obstante, dichos procesos no solo tienen la capacidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas a cualquier nivel de Gobierno, sino que tienen el potencial de renovar la relación entre las y los responsables políticos y la ciudadanía (OCDE, 2017).

Al fomentar la creación de mejores y más adecuados espacios de colaboración entre las personas y el Gobierno, las políticas públicas y objetivos de la administración no solo toman más legitimidad, sino que permiten que se pueda innovar, reformar y contribuir en la construcción de instituciones que respondan a las necesidades actuales y futuras (CEPAL & AECID, 2018; Ryan, Gambrell & Noveck, 2020).

Todo esto nos lleva a reflexionar acerca de las posibilidades de generar procesos de planificación participativa que se sustenten en el paradigma del gobierno abierto. Y es que estas posibilidades son infinitas, principalmente cuando hay tantos avances en el área de la administración y gestión pública, pero también en áreas más especializadas como en la de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Entonces, ¿cómo posibilitar de manera más coordinada, representativa, legítima e integral los procesos de participación en la planeación? Aunque hay muchas respuestas, el enfoque de este apartado de la guía se centra en el entendimiento del modelo de Inteligencia Colectiva (IC). Más precisamente, en el crowdsourcing como una de las herramientas a utilizarse en procesos de gobierno abierto y planificación participativa.

¿Qué es la inteligencia colectiva?

La National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA) define la IC como “la capacidad mejorada que se crea cuando las personas trabajan juntas para movilizar una gama más amplia de información, ideas y conocimientos. Estas contribuciones se combinan para convertirse en más que la suma de sus partes para alcanzar propósitos que van desde el aprendizaje y la innovación hasta la toma de decisiones” (2020). Esta concepción surge de la idea de que grupos de personas independientes, motivadas y bien informadas pueden unirse y trabajar colectivamente para tomar mejores decisiones en comparación a las que se tomarían si estuvieran aisladas (Milotay & Sgueo, 2020).

Esto último, aplicado al sector público, es de especial importancia, ya que las capacidades y conocimientos internos del Gobierno para poder enfrentar los grandes problemas públicos de nuestros tiempos son cada vez más limitados. Principalmente, se da esta limitación debido a la velocidad, escala y complejidad de dichos problemas (Ryan, Gambrell & Noveck, 2020). Es por esta razón que las administraciones buscan en las redes de personas expertas, especialistas y ciudadanas un soporte vital para poder lograr entender, generar y ejecutar políticas públicas efectivas y representativas.

“Ninguna cantidad de erudición individual o habilidad de liderazgo sustituye a la participación con otros para comprender y definir el problema a resolver y aprovechar la inteligencia y la experiencia distribuidas para refinar la definición del problema, diseñar soluciones, crear asociaciones y coaliciones para implementar esas soluciones y distribuir el trabajo, de tomar medidas y medir lo que funciona” (Ryan, Gambrell & Noveck, 2020).

Algunos ejemplos de inteligencia colectiva son mesas de trabajo diversas y representativas para definir objetivos y metas de planeación, aplicaciones móviles para mapear ideas y propuestas urbanas o, incluso, plataformas para proponer legislación ciudadana.

Aunque no es una regla en los procesos de IC, en los últimos años se han acompañado o soportado por tecnologías digitales (NESTA, 2020; Red GEALC, 2013). Y es que el uso de mecanismos digitales para generación de procesos de inteligencia colectiva hace que todo sea más fluido, fácil y llegue a más personas (CEPAL & AECID, 2018). Esto se ha debido principalmente a que las innovaciones en tecnología logran, cada vez más, conectar de mejor manera a las y los ciudadanos con el Gobierno (Red GEALC, 2013).

Sin embargo, la importancia de las TIC es clara. Estas ofrecen a la ciudadanía y la sociedad civil organizada la posibilidad de fortalecer su voz y reclamo en la política y fomenta la creación de nuevos espacios cívicos, lo que en última instancia contribuye al desarrollo tanto político como socioeconómico de cualquier territorio (National Democratic Institute, 2013). El uso de canales de participación electrónica tiene como objetivo “mejorar el acceso a la información y los servicios públicos, así como promover la participación en la formulación de políticas, tanto para el empoderamiento de los ciudadanos como para el beneficio de la sociedad en su conjunto” (ONU, s. f.).

Pero, ¿cuál sería la herramienta concreta a emplear para llevar a cabo todo esto que anteriormente se ha discutido? Hasta este punto se puede visualizar una relación clara entre los procesos de planificación, el gobierno abierto, la participación ciudadana y la tecnología. Más concretamente, se puede ver el papel fundamental de la inteligencia colectiva en lograr procesos de planificación participativa adecuada y apoyada por la tecnología.

En general hay cientos de herramientas y métodos que se desprenden de la inteligencia colectiva que logran apoyar en este tipo de procesos: innovación abierta, mercados de predicción, ciencia ciudadana, democracia deliberativa y crowdsourcing. Este último es el que nos interesa para efectos de la presente guía.

¿Qué es el crowdsourcing?

El término se refiere al “acto de una empresa o institución que toma una función que una vez desempeñaron los empleados y la dirige a una red indefinida (y generalmente grande) de personas en forma de una convocatoria abierta” (Howe, 2006). Este proceso funciona de forma excelente en procesos de inteligencia colectiva, ya que logra obtener el conocimiento y experiencia de grandes números de personas (o grupos) de manera rápida, eficiente y colaborativa.

En el caso del sector público, la adopción de este modelo de inteligencia colectiva, sirve como una manera de involucrar a la ciudadanía, utilizar la innovación abierta y completar tareas repetitivas (Onespace, s. f.). Las razones para utilizar el crowdsourcing son muchas, desde falta de personal para hacer tareas repetitivas, hasta obtener aportes ciudadanos para mejorar procesos, leyes, etc. Este último posible uso es de suma importancia, ya que ayuda a complementar los procesos tradicionales de participación pública para la gobernanza y de planificación para el desarrollo (Bradham, 2013).

Justamente esto es lo que se buscó al crear participa.conl.mx por medio de Pub Pub. La plataforma nos permitió generar un proceso de crowdsourcing entre la ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado y público, para complementar y cocrear el Plan Estratégico 2030. Gracias a esta plataforma, no solo se pudo hacer un proceso de planificación participativa para el Estado de Nuevo León, sino que también se logró sentar un precedente de gobierno abierto e inteligencia colectiva a gran escala.